En tanto, el letrado Aitor Martínez Jiménez detalló que “los datos actualizados en relación a 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”.

Es decir que sólo cinco de los 124 incidentes que presentaron ante la CPI recibieron condena, apenas el 4 por ciento del total de la muestra.

Emmerson defendió que “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales porque eso no es lo que se plantea”. Sin embargo, la Fiscalía retrucó que “deben prestar atención (a los mismos) porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño”.

“La Sala fue razonable e hizo lo correcto”, continuó la Fiscalía de la CPI; al tiempo que ratificó que “hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad” en la nación caribeña.

“Pese a esto, Venezuela insistió en que no hubo crímenes contra la población civil y apuntó en que pudo haber habido abusos pero estos fueron casos aislados e individuales, y que se investigaron oportunamente”, acotó.

Por su parte, el abogado del Estado venezolano reconoció que “ninguno de esos casos se ha cerrado completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua”.

Al respecto, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos que observaron, “en 47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir tres cuartas partes. También 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada”.

Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, indicó que -para las víctimas-, “sólo un enfoque global permitirá develar la verdad, los autores inmediatos, reconocerá el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones”.

Luego rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violación y agresión sexual como delitos de tratos crueles o tortura. “Estamos en descuerdo y se lo queremos remitir a nuestro colega de Venezuela. La violación y otros tipos de violencia sexual cuentan como elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel. Estos crímenes salvaguardian intereses distintos y también abarcan otras cosas para las víctimas”, resaltó.

Marc Perrin de Brichambaut, juez de la Corte Penal Internacional, recordó que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000. “Cuando lo hizo, asumió unos compromisos, entre ellos el respeto a que la CPI podría tener que actuar en algunas circunstancias. ¿Cuáles fueron los obstáculos que le costó a Venezuela en los últimos 23 años aceptar la legislación?”, preguntó.

Ante ello, el abogado Ben Emmerson respondió: “La crítica de los 23 años es injusta. Venezuela fue el primer país de la región en firmar el Estatuto de Roma y ha respetado sus obligaciones con la Corte”. El letrado criticó que la CPI, como “corte extranjera” -así la definió-, “intervenga en el derecho nacional y soberano de perseguir a los propios ciudadanos por crímenes en su propio territorio”.

El martes, la Fiscalía de la CPI alegó que su investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad está en “fase preliminar” y es “poco razonable que pueda identificar” sospechosos o “establecer el alcance real” del caso, en contra de la posición mantenida por el régimen de Caracas.

El chavismo, que niega la validez legal y sustancial de la petición de reanudar la investigación, trató de convencer a los jueces para que rectifiquen su decisión de permitir a la oficina del fiscal Karim Khan reanudar la investigación.