Este acto imperialista no solo busca ahogar la economía venezolana, sino que coarta su derecho a manejar sus recursos soberanos.

El Gobierno venezolano, frente a esta agresión, activó el Plan Independencia Productiva Absoluta para contrarrestar el bloqueo. La Licencia 41A, vigente hasta el 3 de abril, impide pagos a PDVSA, veta ventas de petróleo fuera de EE.UU. y prohíbe transacciones con entidades rusas o sancionadas, dejando a Venezuela en una posición vulnerable.

Trump justificó su decisión en Truth Social, acusando a Nicolás Maduro de incumplir condiciones electorales y retrasar la recepción de migrantes deportados, un pretexto que ignora la complejidad de la situación venezolana y prioriza su agenda política sobre la justicia.

Analistas como Vicente Albornoz sugieren que este ultimátum podría ser una táctica de presión para forzar una negociación, talvez sobre migración o precios del crudo.

Sin embargo, el tono agresivo de Trump —calificando de “corrupto” el acuerdo previo de Biden— revela menos interés en dialogar y más en doblegar a Venezuela. La oposición radical celebra la pérdida de 400 millones de dólares mensuales, pero esto solo agrava las dificultades del pueblo venezolano.

Mientras el presidente Maduro mantiene su postura firme, sin ceder a chantajes, Trump juega con el destino de una nación, dejando en duda si 30 días bastarán para un acuerdo que respete la dignidad venezolana.