El planteo se produce en medio de nuevas protestas de trabajadores, sindicatos, pensionistas y estudiantes, que denuncian el deterioro del poder adquisitivo tras cuatro años sin ajustes en el salario mínimo. Capriles calificó estas manifestaciones como “la expresión de lo que está pasando” y advirtió que ignorarlas “es seguir en lo mismo que nos trajo a toda esta situación”.

En Caracas, estudiantes y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela volvieron a movilizarse en la cuarta protesta del año para exigir mejoras salariales. Durante la jornada, que incluyó una asamblea y una marcha en los alrededores del campus, también convocaron a una nueva movilización el 9 de abril hacia la sede del Ejecutivo.

Actualmente, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares desde 2022 —apenas unos centavos de dólar al cambio oficial—, lo que refleja el fuerte deterioro del ingreso real en un contexto de inflación persistente.

Frente a este escenario, el Ejecutivo ha optado por complementar los ingresos con bonificaciones para trabajadores públicos, que rondan los 160 dólares mensuales pero no impactan en beneficios laborales como jubilaciones o aguinaldos.

La crisis se evidencia también en el costo de vida: según estimaciones independientes, una familia necesita varios cientos de dólares mensuales solo para cubrir la alimentación básica, una cifra muy por encima de los ingresos formales.

En este contexto, el llamado de Capriles vuelve a poner en el centro del debate una pregunta incómoda para el poder: cómo sostener la estabilidad social cuando el salario ya no alcanza ni para lo mínimo. Y ahí es donde la política, otra vez, tiene que hacer números… que cierren en la vida real.