La base de su moción radica en la afirmación de que la administración de Donald Trump ha bloqueado su acceso a fondos necesarios para el pago de sus abogados defensores. De acuerdo con documentos judiciales presentados ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Flores se unió formalmente a una moción previamente presentada por su esposo, Nicolás Maduro, para que se desestime la acusación en su contra.

La defensa de Flores argumenta que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), inicialmente había autorizado a un bufete de abogados estadounidense a recibir pagos del gobierno venezolano para cubrir los gastos legales de Flores. Sin embargo, esta autorización fue abruptamente modificada, impidiendo que el gobierno venezolano financiara su defensa legal.

Los abogados de Flores alegan que esta acción constituye una interferencia directa con sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a contar con el abogado de su elección y a preparar adecuadamente su defensa. Afirman que Flores no posee los recursos financieros personales suficientes para cubrir los costos de su defensa legal y que el gobierno venezolano había estado cubriendo estos costos bajo la licencia previamente otorgada por OFAC.

La defensa también advierte que impedir que Venezuela pague los honorarios legales podría resultar en que los contribuyentes estadounidenses financien su representación si el tribunal le asigna un abogado público.

Este pedido de Cilia Flores se suma al de su esposo, Nicolás Maduro, quien también ha solicitado a la corte que desestime los cargos criminales en su contra, argumentando que las restricciones financieras impuestas por el gobierno estadounidense obstaculizan su derecho a una defensa legal justa. El caso continúa generando controversia y plantea importantes interrogantes sobre la relación entre Venezuela y Estados Unidos y el derecho a la defensa en procesos judiciales internacionales.