El punto más alarmante, sostiene Angulo, es la autorización para que cinco estudiantes de Neurocirugía —con un año pendiente para culminar su formación— asuman funciones propias de especialistas. “No están capacitados para realizar intervenciones quirúrgicas, mucho menos sin supervisión”, afirma, al señalar que la medida carece de respaldo tanto universitario como del Colegio de Médicos.

Según el ex jefe del servicio, la mortalidad operatoria se ha incrementado en los últimos cinco meses. “De cada diez pacientes intervenidos, siete presentan complicaciones”, asegura, sin que hasta ahora las autoridades hospitalarias hayan publicado estadísticas oficiales que permitan contrastar estos datos.

El equipo que dirigía Angulo había emprendido hace cinco años un proceso de rescate del departamento, que en 2022 enfrentaba condiciones críticas: infraestructura deteriorada, áreas insalubres y equipos fuera de servicio. El quirófano de Neurocirugía permaneció inoperativo durante siete años.

Pese a ese escenario, el hospital de Barquisimeto continuaba recibiendo pacientes de Lara, Yaracuy, Portuguesa, Barinas y Cojedes, con patologías como tumores cerebrales y de columna, aneurismas, hernias discales y traumatismos craneoencefálicos. En ese momento, solo se disponía de un turno quirúrgico semanal y la lista de espera superaba los 100 pacientes.

Con apoyo de empresas privadas, casas comerciales y aportes de pacientes, el servicio logró rehabilitar áreas y recuperar equipos. La empresa Agropecuaria El Tunal colaboró en la remodelación de espacios tras la atención médica brindada a varios de sus trabajadores.

Según Angulo, el respaldo privado permitió incrementar la capacidad quirúrgica hasta tres intervenciones diarias, alcanzando unas 720 operaciones anuales, sin financiamiento estatal directo. La reinauguración del servicio fue presentada como un ejemplo de cooperación entre médicos, sector privado y comunidad.

Sin embargo, tras la designación de Linda Amaro en la dirección del hospital, el panorama cambió. Angulo denuncia una campaña de desprestigio y persecución contra los neurocirujanos que impulsaron la recuperación del área. “Solucionamos un problema de salud para el estado y ahora nos someten al escarnio público”, sostiene.

Mientras la disputa escala, el impacto inmediato recae sobre los pacientes. En un estado donde la atención neuroquirúrgica es un recurso crítico y escaso, la combinación de judicialización del personal, fuga de especialistas y delegación de responsabilidades en médicos en formación plantea interrogantes sobre la seguridad clínica y la sostenibilidad del servicio. En salud pública, las tensiones políticas suelen tener un costo silencioso —pero profundamente humano— que no aparece en los discursos, sino en los quirófanos.