El proyecto deroga la Ley de Minas de 1999 y la normativa aurífera aprobada en 2015. Entre los principales cambios, el texto extiende las concesiones mineras de 20 a 30 años, permite que empresas nacionales y extranjeras exploten directamente los yacimientos y establece que las disputas contractuales puedan resolverse mediante arbitraje internacional, una garantía que el sector privado venía reclamando desde hace años.

Según el borrador de la iniciativa, los depósitos minerales seguirán siendo propiedad del Estado, aunque se prevé un nuevo esquema impositivo orientado a mejorar las condiciones comerciales para atraer capital extranjero.

La propuesta sigue un modelo similar al de la reciente Ley de Hidrocarburos, aprobada semanas después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero durante una operación militar estadounidense. Durante la visita de Burgum al palacio de Miraflores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó que el objetivo es replicar en la minería “los esquemas de éxito de la Ley de Hidrocarburos”.

La normativa petrolera introdujo cambios que redujeron el control estatal sobre el sector y ampliaron la participación de capital privado, revirtiendo parcialmente el proceso de nacionalización impulsado por Hugo Chávez desde 1999.

La aprobación definitiva del proyecto parece probable, ya que el Partido Socialista Unido de Venezuela controla la mayoría de la Asamblea Nacional. El reglamento parlamentario exige dos debates en sesiones distintas antes de la sanción final, aunque la fecha de la segunda discusión aún no fue anunciada.

En paralelo, Washington respaldó el proceso con medidas económicas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas transacciones de la empresa estatal Minerven vinculadas con la exportación, venta y transporte de oro venezolano hacia el mercado estadounidense, siempre que los contratos se rijan por legislación de ese país.

El potencial minero del territorio venezolano es uno de los factores centrales de este acercamiento. El Arco Minero del Orinoco, declarado zona estratégica en 2016, abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados en el estado Bolívar —cerca del 12% del territorio nacional— y concentra reservas de oro, coltán, bauxita, hierro y diamantes.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Minería, Venezuela extrajo 9,5 toneladas de oro durante 2025. Sin embargo, gran parte de la infraestructura del sector se encuentra deteriorada y requiere inversiones significativas para ampliar la producción.

La apertura del sector también genera cuestionamientos. La organización no gubernamental Provea advirtió que el área del Arco Minero se superpone con zonas protegidas como el parque nacional Canaima —donde se encuentra el Salto Ángel— y la reserva forestal del Caura, además de territorios ancestrales de varios pueblos indígenas, entre ellos los pemón, ye’kwana y warao.

Desde su creación, la región ha sido escenario de denuncias por explotación ilegal, presencia de grupos armados y daños ambientales que, según organizaciones civiles, no fueron resueltos durante el gobierno de Maduro.

En ese contexto, la reforma minera forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo venezolano para atraer inversión internacional mediante la apertura de sectores estratégicos de recursos naturales, en busca de respaldo económico y político externo. Resta por ver si el nuevo marco legal será suficiente para atraer capital extranjero o si los problemas estructurales del sector minero terminarán limitando el interés de los inversores.