Entre los puntos aprobados, se destaca que las regalías al Estado podrán alcanzar hasta el 13% sobre la producción bruta del mineral, calculadas según su valor comercial. Además, el Ejecutivo tendrá la potestad de definir los parámetros de pago, que podrán realizarse en dinero o en especie.

El proyecto también establece un régimen tributario con un impuesto a la minería de hasta el 6%, al tiempo que exonera a las empresas de otras cargas, como el impuesto a grandes patrimonios y contribuciones especiales.

Asimismo, la normativa contempla concesiones de hasta 30 años, renovables por períodos adicionales, y clasifica la actividad en pequeña, mediana y gran minería. De ser aprobada, sustituirá la ley vigente desde 1999, promulgada durante el gobierno de Hugo Chávez.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para abrir el sector a la inversión privada y extranjera, en un contexto marcado por el interés de Estados Unidos en el oro venezolano y la flexibilización de ciertas restricciones económicas.

El proyecto fue impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras contactos con autoridades estadounidenses que manifestaron interés en participar en la explotación y comercialización de recursos minerales del país.