El propósito de esta ley es establecer el marco normativo que permita a la Administración Pública ejecutar de manera ágil y eficaz los mecanismos necesarios para acelerar y optimizar los trámites administrativos. Su objetivo primordial es reducir los plazos de tramitación y respuesta a las solicitudes de los ciudadanos dirigidas a la Administración Pública.

La Sala Constitucional ha destacado que esta ley no es una regulación aislada, sino una respuesta estructural del legislador a la excesiva burocratización, la dilación indebida y la ineficiencia histórica en la tramitación de asuntos administrativos. Reconoce que esta situación incide directamente en el goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Además, la Sala Constitucional observó que la Ley Orgánica recoge principios como la celeridad, la simplicidad, la eficacia y la eficiencia, evidenciando una clara correspondencia entre el contenido de la ley y el mandato constitucional, reforzando así su carácter de norma de desarrollo directo del Texto Fundamental.