La acusación sostiene que ambas organizaciones eran socias del denominado Cártel de los Soles, estructura criminal atribuida a altos mandos del régimen venezolano y activa, según el expediente, entre 1999 y 2019.

“Maduro y sus cómplices se han aliado con narcoterroristas del Cártel de Sinaloa y Los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en EE.UU.”, cita Reforma del documento judicial. La droga, procesada en Colombia y Venezuela, habría sido enviada a través de una red de puntos de transbordo en el Caribe, Centroamérica y México antes de cruzar la frontera estadounidense.

El expediente también señala al actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, de haber recibido sobornos de Los Zetas para garantizar el tránsito de cargamentos hacia México. Además, menciona a Joaquín "El Chapo" Guzmán como presunto financiador de laboratorios de cocaína en Colombia cuya producción terminaba en el mercado estadounidense.

La estructura descrita por la Fiscalía partía de puertos venezolanos y avanzaba por el Caribe y Centroamérica —con escalas en Honduras y Guatemala— antes de llegar a México, definido en el documento no solo como país de tránsito, sino como plataforma logística, marítima y financiera del entramado. El texto apunta a un esquema de corrupción sistémica en el que traficantes pagaban parte de sus ganancias a funcionarios que les brindaban protección.

El período investigado, de 1999 a 2019, abarca cinco administraciones mexicanas, desde el final del gobierno de Ernesto Zedillo hasta el inicio del de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Aunque no se formulan cargos contra exmandatarios mexicanos, la mención del país como parte estructural del entramado ha generado inquietud política en Ciudad de México, según reportó el diario ABC.

Para sustentar el caso, los fiscales habrían utilizado grabaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA), testimonios de testigos protegidos y documentación financiera recopilada durante años de investigaciones.

En Nueva York, el proceso judicial avanza con demoras. La audiencia prevista para el 17 de febrero fue reprogramada para el 26 de marzo por “problemas de planificación y logística”, sin objeción de la defensa. Ese mismo día está citada a comparecer Cilia Flores, esposa de Maduro.

Maduro, de 63 años, fue capturado en enero durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladado a Nueva York. En su primera comparecencia se declaró inocente y se definió como “prisionero de guerra”. Gobernó Venezuela desde 2013 hasta enero de 2026, cuando fue derrocado, y el poder quedó en manos de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Si el expediente avanza y se profundiza la cooperación judicial, el caso no solo pondrá a prueba las defensas de los acusados, sino que podría reconfigurar equilibrios políticos en más de un país. En tribunales federales de Manhattan, a veces, los expedientes pesan más que los discursos.