Foro Penal denuncia trabas judiciales en la aplicación de la amnistía
La ONG Foro Penal denunció nuevas irregularidades en la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela, al señalar que algunos tribunales se niegan a entregar constancias escritas cuando rechazan solicitudes, lo que dificulta el derecho a la defensa de los detenidos.
El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, calificó la situación como “grave”, ya que sin ese documento no es posible ejercer recursos de apelación. “No se permite apelar de la negativa sin la copia de la decisión”, advirtió a través de la red social X.
El Foro Acción por la Amnistía 2026 planteó que en el diálogo de Cuba con EEUU se priorice la liberación de presos políticos https://t.co/HuNyA7NVsj
— infobae (@infobae) March 24, 2026
Las denuncias se suman a una serie de obstáculos registrados desde la implementación de la norma. Según la organización, en distintos casos los tribunales han demorado procesos o incluso se han negado a recibir solicitudes vinculadas a la amnistía, lo que fue interpretado como una forma de limitar su aplicación efectiva.
En paralelo, la Asamblea Nacional —presidida por Jorge Arreaza en la comisión de seguimiento— aprobó una prórroga de 30 días para supervisar el cumplimiento de la ley, que ya acumula más de 11.000 solicitudes. De acuerdo con cifras oficiales, más de 8.000 personas habrían sido beneficiadas, aunque la mayoría ya se encontraba bajo medidas cautelares y no en prisión.
La norma, que abarca un período de 27 años desde 1999, ha sido cuestionada por su alcance limitado, ya que solo contempla determinados hechos, dejando fuera a numerosos presos políticos, tanto civiles como militares.
A más de un mes de su promulgación, otro punto crítico es la falta de transparencia: el Gobierno no ha publicado el listado completo de beneficiarios, pese a los pedidos del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Según el último balance del Foro Penal, al menos 503 personas permanecen detenidas por motivos políticos en el país, mientras que más de 11.000 siguen sujetas a medidas restrictivas sin estar formalmente encarceladas.
Las diferencias entre cifras oficiales y verificaciones independientes también alimentan la controversia. La oficina de la ONU solo ha podido confirmar cerca de 950 liberaciones, muy por debajo de los números difundidos por las autoridades.
En este escenario, referentes opositores como María Corina Machado han denunciado que la ley funciona como un mecanismo de “represión selectiva”, mientras organizaciones de derechos humanos la califican como un “espejismo” que no resuelve el problema de fondo.
Así, el futuro de la amnistía queda atado a una tensión clave: si el sistema judicial garantiza mecanismos reales de revisión o si las trabas denunciadas terminan vaciando de contenido una ley que, en los papeles, prometía aliviar la crisis política venezolana.
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