En las últimas semanas, al menos 62 personas han perdido la vida en operativos estadounidenses contra lo que el gobierno de Washington presenta como "narcolanchas". Sin embargo, familiares de las víctimas denuncian que entre los fallecidos se encuentran pescadores locales que no estaban involucrados en actividades ilícitas.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su consternación en un comunicado, señalando que "estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables". Turk instó a Estados Unidos a "poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya".

El Alto Comisionado enfatizó que las muertes ocurrieron "en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional". Si bien reconoció la gravedad del problema del tráfico de drogas, Turk recordó que el uso de la fuerza letal debe estar estrictamente limitado a situaciones en las que exista una amenaza inminente para la vida.

"Enfrentar la grave cuestión del tráfico ilegal de drogas en fronteras internacionales es (...) una cuestión de cumplimiento de la ley, gobernada por los cuidadosos límites que la legislación internacional de derechos humanos fija al uso de la fuerza letal", apuntó Turk.

En base a la información disponible, el Alto Comisionado cuestionó si las personas fallecidas representaban una amenaza real e inminente: "en base a la muy escasa información facilitada públicamente por las autoridades norteamericanas, ninguno de esos individuos en las embarcaciones atacadas parecía plantear una amenaza inminente a las vidas de otros".

La ONU ha solicitado una investigación exhaustiva, rápida, independiente y transparente de estos ataques para esclarecer las circunstancias de las muertes y determinar si se han violado los derechos humanos.