A estas acciones se suma la orden de bloquear todos los petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, resultando en la confiscación de al menos dos buques. Washington justifica estas medidas acusando a Caracas de utilizar los ingresos provenientes de la venta de petróleo para financiar actividades ilícitas como "narcoterrorismo, trata de seres humanos, asesinatos y secuestros".

Adicionalmente, Estados Unidos ha ofrecido una recompensa millonaria por información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro, acusándolo de dirigir el "Cartel de los Soles".

El Gobierno venezolano niega rotundamente su participación en el tráfico de drogas y argumenta que las acciones de Estados Unidos buscan derrocar a Maduro para apropiarse de las vastas reservas petroleras venezolanas.

Los expertos de la ONU, aunque mandatados por el Consejo de Derechos Humanos, enfatizaron que sus opiniones no representan la postura oficial de la organización. En su declaración, afirmaron: "No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado".

Consideran que la acción estadounidense constituye "un uso tan grave de la fuerza que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974". En consecuencia, lo califican como un ataque armado que, según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, otorgaría al Estado víctima el derecho a la legítima defensa.

Además, los expertos criticaron duramente los ataques a presuntas "narcolanchas" por parte de Estados Unidos, especialmente ante la falta de pruebas públicas que demuestren que dichas embarcaciones transportaban drogas. Señalaron que "según los informes, ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal", añadiendo que "estos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida" y exigiendo una investigación exhaustiva y el enjuiciamiento de los responsables. Hacen un llamado al Congreso de Estados Unidos para que intervenga, detenga nuevos ataques y levante el bloqueo.

Esta situación ha generado fuertes críticas a nivel internacional. Durante una reunión del Consejo de Seguridad, Rusia y China expresaron su rechazo a la presión militar y económica ejercida por Estados Unidos sobre Venezuela, describiéndola como "comportamiento de cowboy" e "intimidación". El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, declaró ante el Consejo de Seguridad que se enfrentan a "una potencia que actúa al margen del derecho internacional, exigiendo que los venezolanos abandonemos nuestro país y lo entreguemos".