La resolución fue aprobada por mayoría simple y remitida al Ejecutivo para que evalúe la procedencia legal de la medida, que especialistas consideran de difícil ejecución, ya que retirar la nacionalidad por nacimiento va en contra de estándares internacionales y de la propia Constitución venezolana. Aun así, el oficialismo insiste: asegura que los dirigentes involucrados actuaron “como ciudadanos extranjeros” al someter los activos estratégicos del país a la justicia estadounidense.

Desde el exilio, los acusados rechazaron las imputaciones y sostienen que el proceso de venta de Citgo se dio como consecuencia de los impagos y arbitrajes acumulados durante años por el propio gobierno de Nicolás Maduro. También denunciaron que el Parlamento busca “criminalizar la disidencia” y profundizar la persecución política.

Organizaciones de derechos humanos consideraron la iniciativa como un “precedente peligroso” que podría emplearse para despojar de derechos civiles a opositores. El gobierno de Maduro, de momento, no ha emitido una respuesta formal sobre si avanzará con la solicitud.