Solo unas pocas de las 913 sanciones que el régimen de Nicolás Maduro contabiliza como “crímenes de lesa humanidad” son sectoriales. La inmensa mayoría son individuales, parciales, específicas, selectivas e intransferibles. Solo afecta a la persona sancionada. Además, es una acción preventiva que el gobierno estadounidense puede revocar en cualquier momento. No acarrea carácter penal, aunque a los sancionados les puedan añadir acusaciones de delitos o procesos judiciales. Incluso, pueden ser levantada tan pronto cese el hecho que las originaron, como los casos de corrupción y de violación de derechos humanos.

Sanciones por la defensa de la democracia

Un total 57 países han sancionado a funcionarios por la profundización del socavamiento a la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, pero las de Estados Unidos han sido la de más impacto han tenido en los medios y las que se han mantenido y se han aplicado rigurosamente

Por mucho tiempo la comunidad internacional centró su atención en los intensos, continuados y despiadados actos de represión, los asesinatos en las manifestaciones, los casos de torturas y los encarcelamientos irregulares, junto con los múltiples intentos para desconocer la independencia del Parlamento elegido en 2015 y los evidentes hechos de corrupción de la cúpula del poder y sus allegados. En gran parte consideraba que las sanciones no eran la vía para poner fin a la calamidad que campeaba, que se requerían acciones de mayor calado y contundencia

Los hechos que ocurrían en Venezuela y que pasaban de extraordinarios a cotidianos chocaron con la reacción solidaria y el respaldo del secretario general de la OEA, Luis Almagro; de los expresidentes de varios países de la región reunidos en el grupo IDEA; así como el equipo de Donald Trump y los parlamentarios, republicanos y demócratas, que entendían que en Venezuela se cerraban las posibilidades de soluciones electorales, constitucionales y pacíficas.

De América Latina impusieron medidas Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Panamá, Perú y República Dominicana. En el norte de América, Estados Unidos y Canadá.

De Europa han aplicado sanciones Suiza, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Bosnia, Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Moldavia, Ucrania, Georgia, Serbia, Armenia. Ninguno del Caribe anglosajón.

El elemento común de las medidas adoptadas por el conjunto de países era sancionar a Nicolás Maduro para que modificara su conducta criminal. Sin embargo, la reacción del régimen no fue poner el interés del país y de los venezolanos por encima de cualquier ansia de poder. Todo lo contrario. Montó una campaña de desinformación para hacer creer a su base de seguidores y a los otros desinformados que las sanciones eran solo de Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Lo presentaba como un bloqueo del imperialismo yanqui en contra el país, “la Patria”, y su economía.

Las sanciones personales, en general, no tienen impacto alguno en la economía del país, solo en la persona sancionada. Unas van dirigidas a las personas que han deteriorado el Estado de Derecho –políticos, fiscales, jueces, funcionarios policiales, diputados a la constituyente, magistrados del Tribunal Supremo– y otras a los implicados en actividades de corrupción, narcotráfico y terrorismo.

Freno al saqueo de las riquezas del país

Las sanciones sectoriales que se tomaron en 2019, bajo el gobierno de Donald Trump, sí han tenido un efecto en la economía, pero no tan mayúsculo como el oficialismo pregona. Un efecto restrictivo en los manejos irregulares de la riqueza del país. El gobierno de Venezuela, el Banco Central de Venezuela y Pdvsa, o sus representante, no pueden realizar operaciones financieras ni de comercio con el gobierno de Estados Unidos ni con sus ciudadanos. Los ciudadanos venezolanos y las empresas que no tienen lazos con el régimen castrochavista sí pueden hacer negocios con los estadounidenses y con su gobierno.

Cuando las sanciones sectoriales fueron impuestas, la industria petrolera estaba prácticamente acabada, y las medidas de Washington tuvieron “un efecto atómico” en todas las modalidades de la corrupción. La economía estaba en caída libre, el ingreso per cápita era peor que el de Haití, el divorcio tecnológico con Estados Unidos y el despido de 18.000 trabajadores había minimizado la capacidad de refinación de Pdvsa. Pdvsa era una chatarra obsoleta y desmantelada, pero utilizaban su viejo prestigio para emitir bonos y refinanciar deudas.

Las sanciones «flotantes» fue un cañonazo en el plexo solar al castrochavismo del cual no se recuperará. El misil afectó los negocios irregulares del chavismo en la principal fuente de ingresos, y  que sumían en la hambruna a los venezolanos. Basta sumar los desfalcos conocidos en Pdvsa, desde Alí Rodríguez Araque hasta Tareck el Aissami, para tener una idea de la enormidad del saqueo. Una megacorrupción.

Bloquear las operaciones financieras de Pdvsa y de la empresas mineras de Minerven era apartarlos de la gallina de los huevos de oro.

Endeudar el país para poder seguir robando a manos llenas

Washington acusa al régimen de Maduro de desviar miles de millones de dólares de petróleo para fines políticos, al tiempo que multiplicaba la deuda de Pdvsa y la llevaba a la ruina. «Con la malversación de fondos, el soborno y el fraude se llenaron los bolsillos los participantes del régimen en detrimento de la compañía petrolera y del resto del país. Minimizada la capacidad de producción petrolera, Maduro y su círculo íntimo utilizan la minería ilegal para enriquecerse y mantenerse en el poder», dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, en los primeros meses de 2019.

Las medidas Trump impiden a Pdvsa y al gobierno de Maduro renegociar la deuda con tenedores de bonos estadounidenses, vender bonos adicionales u obligaciones financieras de cualquier tipo. También la importación de crudo venezolano. Se intentaba frenar siguiera la venta de bonos de una industria que había disminuido su valor, pero que seguían usando su buen nombre en el exterior para la emisión de bonos y otros recursos financieros. El dinero no era para reanimarla ni se invertía en mejorar su capacidad de producción ni destinaban a mejoras sociales. Terminaba en esquemas de corrupción.

El argumento de la Casa Blanca negaba la opción de una sanción improvisada: «La mala administración de Maduro y el saqueo desenfrenado de los bienes de su nación han llevado a Venezuela más cerca del impago. Sus funcionarios ahora están recurriendo a esquemas opacos de financiamiento y liquidando los activos del país a precios míseros”.

Respuestas a la sanciones: irregularidades más sofisticadas

El régimen, en su intento desesperado por seguir manejando masas de dinero, recurre a las criptomonedas. Crea el Petro. Trump le salió al paso con la Orden Ejecutiva 13.827, del 19 de marzo, con la que prohíben la provisión, las transacciones y el financiamiento con esta moneda digital a estadounidenses o a personas que se encuentren en Estados Unidos. La moneda digital fue considerada un  intento del régimen venezolano de evadir las sanciones y, por tanto, incluyó a los responsables de la argucia en la OFAC.

Américo Alex Mata García, director suplente en la junta directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. En la campaña presidencial de Maduro en 2013, Mata supuestamente solicitó y recibió pagos de Odebrecht.

Willian Antonio Contreras, superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), responsable de imponer controles de precios en Venezuela.

Nelson Reinaldo Lepaje, jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela. Autorizó la apertura de cuentas bancarias con fondos del Tesoro Nacional en monedas nacionales y extranjeras.

Carlos Alberto Rotondaro, presidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS). Su manejos irregulares conllevaron la insuficiencia de vacunas y antibióticos, un factor determinante para que regresaran enfermedades ya controladas como la difteria y el sarampión.

En mayo de 2018 sancionaron a cuatro personas vinculadas con el régimen y señaladas por narcotráfico: Pedro Luis Martín Olivares, ex jefe de Inteligencia Financiera de la Disip; Walter Alexander del Nogal Márquez, socio de Pedro Martín Olivares en el narcotráfico; y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, también socio en el narcotráfico de Pedro Martín Olivares. Veinte empresas propiedad de estas personas fueron objeto de medidas punitivas.

Ese mes, además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados de la OFAC a Diosdado Cabello, a su hermano José David Cabello, presidente del Seniat; a Marlenys Contreras de Cabello, esposa de Diosdado Cabello y ministra de Turismo; y a Rafael Sarría, empresario de oscuros procederes, y a Fidel Ernesto Vásquez, secretario general de la ANC y supuesto testaferro de Diosdado Cabello.

Dos meses después hubo más sancionados por el Departamento del Tesoro. Los integrantes de un grupo vinculado con operaciones financieras por 2.400 millones de dólares provenientes de la corrupción en los manejos de divisas:

Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario, dueño de Globovisión, por sobornar a los jefes de la Oficina Nacional del Tesoro.

Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera y exenfermera de Hugo Chávez.

Adrián José Velásquez Figueroa, ex edecán de Chávez, esposo de Claudia Díaz.

Leonardo González Dellán, testaferro de Alejandro Andrade.

Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, cuñado y socio de Raúl Gorrín, directivo de Globovisión.

María Alexandra Perdomo Rosales, esposa y socia de Raúl Gorrín.

Mayela Antonina Tarascio Pérez, esposa de Gustavo Perdomo.

En enero de 2019, Maduro ordenó la expulsión de todo el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero no se suspendieron las sanciones. Al contrario, cinco funcionarios de inteligencia y seguridad cercanos a Nicolás Maduro y que estarían involucrados en hechos de «represión y corrupción», fueron incorporados a la lista:

Manuel Ricardo Figuera, jefe del Sebin.

Hildemaro José Rodríguez Mucura, comandante de la Dgcim.

Iván Rafael Hernández Dala, director de la Dgcim.

Rafael Enrique Bastardo Mendoza, director de las FAES, la sección política de la PNB.

Manuel Salvador Quevedo Fernández, presidente de Pdvsa.

Días después fueron incluidos por corrupción e impedir la entrada de la ayuda humanitaria en 2019, los gobernadores Omar José Prieto Fernández (Zulia), Ramón Alonso Carrizales Rengifo (Apure), Jorge Luis García Carneiro (Vargas) y Rafael Lacava Evangelista (Carabobo).

En marzo llegaron las de  dos civiles y cinco militares por impedir la entrada de ayuda humanitaria en febrero 2019.

Richard Jesús López Vargas, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana.

Jesús María Mantilla Oliveros, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana.

Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey, general de división del Ejército y comandante de la Zona de Defensa Integral del estado Bolívar.

José Leonardo Norono Torres, Comandante de la Zona de Defensa Integral en el Estado Táchira.

José Miguel Domínguez Ramírez, jefe de las FAES en Táchira.

Cristhiam Abelardo Morales Zambrano, director de la PNB de Barinas.

Adrián Antonio Perdomo Mata, presidente de Minerven (por corrupción y comercio ilícito de oro).

En abril, fueron sancionadas las 34 embarcaciones que Pdvsa utiliza para transportar petróleo a Cuba como pago por ayudar con tareas de represión e inteligencia a que Maduro se mantenga en el poder. “Tomamos medidas contra barcos y entidades que ayudan a mantener el régimen ilegítimo de Maduro», dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro

Además de la juez Carol Bealexis Padilla de Arretureta, por ayudar a Maduro a mantenerse en el poder, fueron sancionados por corrupción Iliana Josefa Ruzza Terán, directora del BCV; y Jorge Alberto Arreaza Montserrat, ministro de Relaciones Exteriores.

En este lote fue incluido el BCV para evitar que lo usen como una herramienta para continuar saqueando los bienes venezolanos y los fondos de las instituciones gubernamentales. La medida obstaculizó el comercio del oro proveniente del Arco Minero.

Entre junio y septiembre de 2019 incorporan a 20 personas, en su mayoría familiares de Maduro y de Cilia Flores.

Eustoquio José Lugo Gómez, viceministro de Finanzas.

Luis Alfredo Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

Rafael Ramón Blanco Marrero, subdirector de la Dgcim.

Hannover Esteban Guerrero Mijares, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la 35 Brigada de la Policía Militar.

Alexander Enrique Granko Arteaga, director de Despacho de la Dgcim.

Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones de la Dgcim.

Alex Nain Saab Moran, testaferro de Nicolás Maduro.

Alvaro Enrique Pulido Vargas, testaferro de Nicolás Maduro.

Emmanuel Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido.

Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.

Yosser Daniel Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.

Yoswal Alexander Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.

José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado Táchira.

Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Saab.

Isham Ali Saab Certain, hijo de Alex Saab.

Mariana Andrea Staudinger Lemoine, nuera de Cilia Flores.

Amir Luis Saab Morán, hermano de Alex Saab.

Luis Alberto Saab Morán, hermano de Alex Saab.

David Nicolás Rubio González,hijo de Álvaro Pulido.

A Maduro Guerra lo señalan de aprovechamiento de la corrupción de Nicolás Maduro y socavamiento de la democracia. A Blanco Marrero, Guerrero Mijares, Granko Arteaga, y Franco Quintero, de violaciones a los derechos humanos. A los demás, de corrupción.

En agosto quedaron bloqueadas todas las propiedades e intereses del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, que entren a futuro en Estados Unidos o que se encuentran bajo el poder o control de cualquier estadounidense. Asimismo, prohibió cualquier tipo de transacción con esas propiedades y autorizó sanciones a cualquiera que brinde apoyo a Maduro.

Las sanciones contra los corruptos que “ahorcan” al pueblo

El régimen desató una campaña internacional y en todos sus medios nacionales en la que se muestra como víctima del «terrorismo económico». En un comunicado manifestó que con las sanciones Estados Unidos formalizaba “un criminal bloqueo económico, financiero y comercial para ahorcar al pueblo venezolano».

Al mes, la OFAC impuso medidas contra cuatro empresas y bloqueó cuatro de sus buques por transportar petróleo venezolano y sus derivados a Cuba. A finales de septiembre, prohibieron la entrada a territorio estadounidense a un extenso grupo de funcionarios, políticos y personas en general por ayudar al régimen de Maduro:

Las sanciones de 57 países han sido contra estas conductas que violan derechos humanos y contra los participantes de esquemas de corrupción para saquear los bienes públicos y las riquezas de Venezuela.

Como señala el ingeniero y analista financiero Henkel García, director de la empresa de consultoría económica y financiera Albus Data, las sanciones sectoriales no han ido “inocuas” para los venezolanos, pero tampoco se puede son la razón de la situación actual de Venezuela.

La explicación de la debacle del país está en políticas económicas equivocadas e irreales y a la dinámica política que se ha aferrado a una utopía como plan de gobierno y de ingeniería social. Incluso, si se levantan las sanciones a las pocas semanas estará claro que las medidas no fueron la causa de la calamidad actual.