“Las víctimas han presentado escrituras que son documentos muy sustanciales, muy densos, que tendrá en cuenta esta Sala en sus deliberaciones y que serán contemplados y estudiados plena y detenidamente”, destacó.

Cabe recordar que se trata de una audiencia producto de un recurso de apelación presentado por Venezuela, en la cual la Sala de Apelaciones decidió escuchar a las víctimas y ordenó que sea un evento abierto a la cobertura periodística.

En el mismo tono se pronunció Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal.

“La posición de las víctimas es muy clara. Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos”, dijo.

Y advirtió que las víctimas han dado una serie de razones por las que Venezuela no investiga los crímenes.

“Si no toman en cuenta esto, las investigaciones en Venezuela no serán efectivas”, expresó.

“Venezuela dice que esta notificación solo debe contener los incidentes que el fiscal pretende investigar. Nosotros, con respeto, estamos en desacuerdo. La notificación debe ofrecer parámetros específicos suficientes que muestren el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar”, dijo otro de los jueces.

“No se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a lo que podía responder Venezuela”, agregó.

Justificando lo injustificable

En representación de Maduro se encuentran en la sede de la CPI en La Haya, el canciller Yvan Gil, el secretario de DD.HH. Larry Devoe, y la directora de DD.HH. del Ministerio Público, Karen García.

Por su parte, el representante del Estado venezolano, Ben Emmerson, dijo que en la notificación de la Sala de Cuestiones Preliminares “no se dio suficiente información detallada” pues “no incluía ni edad, ni fecha, ni ubicaciones específicas de los incidentes, ni el número aproximado de las víctimas o el grupo o las personas responsables de estos incidentes. Es decir, que no había información que permita que Venezuela responda”.

Otro argumento esgrimido por la representación madurista en la audiencia es que la Fiscalía de la CPI tenía la obligación de traducir los documentos presentados a alguno de los idiomas oficiales de la Corte: inglés o francés.

“El fiscal tiene la responsabilidad de hacer las traducciones necesarias. Venezuela no tiene la obligación de hacerlo, porque esto haría que se aplicase de forma totalmente discriminatoria el Estatuto. Es decir, que cualquier Estado cuyo idioma de trabajo fuese el inglés o el francés no tiene la obligación de traducir los documentos, pero sí los que utilizan el español, que son muchos países pobres”, argumentó.

Pero lo que no dijo Emmerson es que se entregaron a la CPI 30.000 documentos y en este sentido dijo que la traducción de los mismos habrían tenido “un costo muy alto y tomaría demasiado tiempo” para Venezuela.

No obstante, los jueces respondieron a esto, aclarando que Venezuela tenía la potestad de solicitar oficialmente que el proceso se llevara adelante en español y no lo hizo.