Para el extranjero, Maduro se jacta de impulsar unas elecciones libres, abiertas y competitivas. Para sus adentros, él y su gobierno inhabilitan a candidatos opositores, sacándolos de la carrera electoral, y copan de obstáculos a los ciudadanos que residen en el extranjero y que desean votar. Los comicios son el 28 de julio y serán millones los venezolanos que, aun queriendo participar, no podrán hacerlo.

De los ocho millones que han emigrado en los últimos años, sólo cinco tienen derecho a votar, excluyendo a los menores de edad. De esa suma, la gran mayoría está teniendo problemas para inscribirse y acudir a los centros de votación ese día. El régimen de Maduro ha levantado una estrategia que desmotiva la participación. Creen que así, será mayor la posibilidad de mantenerse gobernando.  

En una entrevista con el escritor Andrés Oppenheimer, Leopoldo López, líder opositor en Venezuela y preso del régimen en su momento, señaló que además de los problemas afuera, existen otros cuatro millones de venezolanos que viven en el país y que tampoco pueden registrarse. Lo último significaría que el 25 por ciento de los votantes, es decir, uno de cada cuatro, no podrá ser parte de la contienda electoral.

Donde más problemas habrá será en Estados Unidos, país en el que viven más de 500.000 venezolanos. Desde 2019, año en que el gobierno de Donald Trump rompió relaciones con Maduro, no hay consulados en donde registrarse para votar. Datos oficiales señalan que 36.000 de los 107.000 que están registrados correctamente para participar de la elección residen en EEUU. 

Lo cierto es que el vínculo entre ambos países está en un punto muerto. El presidente Joe Biden reactivó hace algunas semanas las sanciones económicas, precisamente por no ver al régimen encaminándose a unas elecciones plenamente democráticas. La inhabilitación de la líder de oposición, María Corina Machado, y de su sucesora Yorina Coris, le hicieron retomar sus castigos al petróleo. La economía venezolana, poco diversificada, ha sufrido graves consecuencias a partir de esa acción.

En el caso de España, país al que también ha emigrado una importante cantidad, se critica que los consulados abiertos sólo tienen a un empleado para atender a miles de personas que buscan que se les autorice su derecho a voto. Las largas filas para esperar el servicio y las complicaciones que vienen después de haber iniciado el trámite, hace que muchos opten por retirarse del lugar e ir a sus casas. 

También es necesario destacar que en los cónsules, muchos funcionarios son afines al régimen, detalle que hace aún más desesperanzador un eventual progreso. Varios creen que son los mismos consulados los que buscan desincentivar la participación y la transparencia. Así las cosas, difícil.