No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense dejó claro que esta postura no significa una renuncia absoluta al uso de la fuerza como herramienta de política exterior. Rubio ejemplificó que, ante una amenaza concreta a fuerzas estadounidenses —como la instalación de una fábrica de drones iraníes que pudiera atacar intereses estadounidenses en la región—, la opción militar seguiría estando sobre la mesa.

Rubio también abordó el papel del Congreso en eventuales decisiones sobre operaciones militares. Al ser consultado sobre si la administración informaría a los legisladores antes de una nueva acción armada, respondió que la Casa Blanca no prevé una presencia militar prolongada que requiera notificación previa al Capitolio bajo el contexto actual.

Asimismo, defendió la legalidad de la operación del 3 de enero, describiéndola no como una guerra u ocupación, sino como una acción dirigida a arrestar a dos personas buscadas por la justicia estadounidense —Maduro y su esposa Cilia Flores— por cargos vinculados al narcotráfico. Señaló que la presencia militar estadounidense en Venezuela es mínima y se limita, por ahora, a infantes de la Marina encargados de la seguridad de la embajada.

Rubio advirtió además que una nueva acción militar podría resultar contraproducente para los objetivos políticos de Estados Unidos, argumentando que tal intervención podría obstaculizar la transición y la recuperación en Venezuela. Por ello reiteró que una intervención solo sería considerada ante una amenaza que la administración no anticipa en este momento.

Durante la audiencia, el secretario de Estado enmarcó la política estadounidense hacia Venezuela en un contexto histórico más amplio, mencionando procesos de transición democrática en otros países y subrayando que, aunque no puede ofrecer plazos precisos, la transición en Venezuela “no puede durar para siempre”.