Durante la jornada, el secretario general del sindicato de la Cancillería, José Patines, convocó a una nueva protesta nacional el próximo 9 de abril con destino al Palacio de Miraflores. “Vamos a pedir respuestas: dónde está el dinero de todos los venezolanos”, afirmó, en referencia a la situación económica del país.

Además del reclamo salarial, los manifestantes apuntaron contra los problemas estructurales que afectan a la población, como las fallas en el suministro de agua y electricidad. En ese sentido, exigieron explicaciones tanto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como al titular del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En paralelo, estudiantes también alzaron la voz. Valentina Sialoni, representante del sector, destacó la necesidad de sostener la presión en las calles para lograr mejoras en sueldos, becas y condiciones académicas.

El trasfondo económico refuerza la magnitud del reclamo: mientras el ingreso mínimo permanece prácticamente simbólico, el costo de vida sigue en alza. En febrero, una familia necesitó más de 600 dólares para cubrir la canasta alimentaria básica, lo que deja en evidencia la enorme brecha entre ingresos y gastos.

En los últimos años, el Ejecutivo ha optado por complementar los salarios con bonos —que rondan los 160 dólares mensuales— pero que no impactan en beneficios laborales, una política ampliamente cuestionada por los gremios.

Con inflación acumulada superior al 50% en los primeros meses del año y protestas que comienzan a multiplicarse, el conflicto salarial en Venezuela deja de ser un reclamo sectorial para convertirse en un termómetro político: cuando el sueldo no alcanza, la calle suele hacer el resto.