ONG denuncian falta de transparencia en la elección del fiscal y el defensor del pueblo en Venezuela
Un grupo de once organizaciones no gubernamentales denunció irregularidades en el proceso de designación de las nuevas autoridades de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela, al señalar la ausencia de normas públicas y criterios claros de evaluación.
En un comunicado conjunto, las ONG alertaron que el Parlamento conformó el Comité de Evaluación de Postulaciones únicamente con diputados en funciones —en su mayoría oficialistas—, sin incluir representantes de la sociedad civil, como establecen la Constitución y la legislación vigente.
Las organizaciones advirtieron que esta integración “anula la pluralidad e independencia del proceso” y abre la posibilidad de que las designaciones respondan a lealtades políticas en lugar de méritos profesionales, comprometiendo la autonomía de ambas instituciones.
El cuestionamiento se profundiza tras la publicación, el pasado 16 de marzo, de una lista con más de 130 postulaciones sin que se difundieran el reglamento del proceso, el cronograma ni los criterios de evaluación. Según las ONG, esta falta de información limita el control ciudadano y debilita la legitimidad de las futuras designaciones.
El proceso se inició luego de las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos vinculados al oficialismo, en el contexto de la implementación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero.
En paralelo, la ONG Foro Penal reclamó que los nuevos titulares sean independientes y contribuyan a restablecer la credibilidad institucional. Su director presidente, Alfredo Romero, advirtió que el país atraviesa una “profunda crisis institucional”, aunque consideró que el actual proceso representa una oportunidad para avanzar hacia la reinstitucionalización.
Romero subrayó el rol clave de la Fiscalía, al recordar que posee el monopolio de la acción penal y la capacidad de investigar violaciones a los derechos humanos, así como archivar causas no incluidas en la amnistía.
Por su parte, el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, sostuvo que el país necesita una Fiscalía que actúe con independencia y una Defensoría del Pueblo que funcione como un verdadero contrapeso del poder.
Las ONG coincidieron en que el proceso actual pone “a prueba” a las instituciones venezolanas. El resultado, advierten, marcará si existe una voluntad real de reconstrucción institucional o si se perpetúa un esquema donde los cargos clave se definen por afinidad política.
En un escenario atravesado por tensiones y expectativas, la elección del fiscal y el defensor del pueblo se perfila como algo más que un trámite: una señal concreta sobre el rumbo institucional de Venezuela.
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