El anterior escrito corresponde a un comunicado suscrito por 60 ONG y decenas de personalidades varios sectores del país, donde aseguran que “el actual primer mandatario del hermano país conoce, en primera persona, las consecuencias de las inhabilitaciones políticas administrativas”.

“Y de cómo, en su caso, fue la presión de la comunidad internacional -especialmente de los organismos de protección a derechos humanos- quienes evitaron situaciones de violencia e ilegalidad al revertir decisiones anómalas lesivas de derechos”, señala el documento difundido por la ONG Provea.

Le recuerdan a Petro cómo él fue objeto de una medida igual a la que pesa sobre María Corina Machado y dirigentes políticos opositores, así como sobre partidos políticos.

“Como se recordará, en diciembre de 2013 el Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez, ordenó la destitución del entonces alcalde de Bogotá y su inhabilitación política por un período de 15 años. La decisión fue motivada por supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana. Inmediatamente después del fallo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Gustavo Petro, advirtiendo la necesidad de dejar sin efectos dicha medida administrativa, al considerar que era probable que se produjera un daño irreparable”.

Fue en julio de 2020, cuando la Corte Interamericana de Derechos emitió una sentencia favorable al funcionario destituido, alegando que se habían restringido sus derechos políticos y que el proceso disciplinario en su contra no había respetado la imparcialidad ni la presunción de inocencia.

Los firmantes del comunicado destacan que “la actuación de estos organismos internacionales de protección restituyó los derechos políticos de Gustavo Petro, permitiéndole continuar con la carrera política que lo llevaría, años después, a la primera silla de Colombia”.

Incluso, le recuerdan sus propias palabras: “Soy presidente gracias a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Petro en ese momento.

Situación similar

Haciendo una extrapolación, las organizaciones le muestran al mandatario colombiana que “una situación similar de restricción de derechos políticos a través de medidas administrativas la sufren dos de los principales candidatos de oposición de nuestro país, Henrique Capriles y María Corina Machado”.

A ellos se suman “otros líderes opositores y partidos políticos democráticos, incluyendo al Partido Comunista de Venezuela (PCV)”.

Refieren que “estos procedimientos, al igual que los promovidos contra la máxima autoridad actual de la Casa de Nariño, también vulneraron el debido proceso y el derecho a la defensa”.

La sombra

En el comunicado se destaca el valor de la primaria efectuada este 22 de octubre y cómo “por primera vez en los últimos años, los diferentes partidos políticos opositores han coincidido en la consulta democrática a los venezolanos y venezolanas”.

Sin embargo, alertan que “esta posibilidad pudiera ensombrecerse si las actuales autoridades generan obstáculos e impedimentos a la resolución pacífica e institucional del conflicto, abriendo de nuevo las puertas a la violencia”.

“Así como el presidente Gustavo Petro ha expresado públicamente su preocupación por las consecuencias negativas de las medidas coercitivas financieras unilaterales contra nuestro país, le pedimos que incluya dentro de su agenda diplomática de incidencia el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales sobre el respeto al espacio cívico y los derechos de libertad de reunión, asociación y participación de los venezolanos y venezolanas, especialmente el retiro de las inhabilitaciones políticas contra candidatos y candidatas opositores, otros líderes políticos y las injerencias indebidas contra los partidos democráticos del país, como entre otros casos se encuentra el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

En la actual coyuntura, el presidente Petro tiene la oportunidad de aportar para el logro de la paz en Venezuela, promoviendo para otros las medidas que a él mismo lo beneficiaron, y que evitaron el escalamiento de la conflictividad interna y la resolución institucional y democrática de los conflictos”, finaliza el documento.