“Tocar a Carlos Fernández es meterse con los intereses directos de los hermanos Cabello Rondón”, relató una fuente militar. Fernández —uno de los principales controladores del oro en la región— posee fincas en Maturín y El Manteco, y opera bajo el paraguas de supuestas “alianzas mineras” que, según testimonios locales, funcionan como fachadas legales para proyectos favorecidos por el régimen.

Según explicó un minero de la zona, la alianza implica aportar un porcentaje de la producción al Gobierno y vender el oro directamente al Estado. La Corporación Venezolana de Minería (CVM) es la entidad que entrega permisos y autoriza el ingreso de insumos como cianuro o cal.

El reporte oficial indica que entre los ocho detenidos había dos funcionarios del SEBIN y un capitán de la GNB. La excusa para liberarlos fue su pertenencia al círculo de confianza del subdirector del SEBIN, Mayor General Federico Guillermo Guzmán Bornia.

Para los efectivos que hicieron el procedimiento, la decisión resultó profundamente desmoralizadora. “La orden es incautar drones y computadoras de alta gama, aunque tengan procedencia legal. Pero basta una llamada para que todo se revierta”, dijo un militar, recordando que en otros casos se ha judicializado incluso a ciudadanos con simples drones recreativos.

El episodio vuelve a mostrar el nivel de impunidad y control político que rodea al negocio del oro en Venezuela, donde las instituciones de seguridad quedan subordinadas a la influencia de altos cargos del chavismo.