Provea celebró el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de impulsar una propuesta de ley de amnistía para avanzar en la liberación de detenidos por motivos políticos, pero advirtió que una eventual amnistía no debe interpretarse como un perdón o una gracia estatal. La organización subrayó que estas personas fueron encarceladas por ejercer derechos protegidos por instrumentos internacionales, la Constitución y las leyes venezolanas, y que corresponde a los responsables de violaciones graves reconocer los hechos y rendir cuentas ante la justicia.

El reclamo de Provea se suma a la presión de otros sectores de la sociedad civil y de la oposición, incluso de familiares que este martes se manifestaron frente a la Asamblea Nacional para pedir una amnistía inmediata y transparente como parte del proceso legislativo anunciado por Rodríguez. Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones ciudadanas insisten en que la liberación debe ser pública, verificable y bajo el escrutinio de la sociedad.

Mientras tanto, informes de organizaciones como Foro Penal señalan que, aunque se han efectuado algunas liberaciones en el marco del proceso que inició en enero, centenares de personas permanecen detenidas por razones políticas en Venezuela, lo que mantiene el foco internacional y nacional sobre la situación de derechos humanos en el país.

La exigencia de Provea pone en relieve el pulso entre avances simbólicos y demandas por acciones concretas en un contexto político y social marcado por tensiones sobre la justicia, la transparencia y el respeto a las libertades fundamentales.