Por su parte, el embajador argelino en Caracas, Farouk Benmokhtar, subrayó el valor de más de cinco décadas de cooperación bilateral, que incluyeron la firma de decenas de acuerdos en áreas como comercio, educación, medioambiente y transporte.

El acercamiento se produce en un contexto de apertura del sector energético venezolano, impulsado tras reformas legales orientadas a ampliar la participación de inversores privados y extranjeros. En paralelo, Caracas ha intensificado contactos con distintos países y actores internacionales en busca de reactivar su economía.

En esa línea, una delegación diplomática venezolana viajará en los próximos días a Washington D. C. para avanzar en la normalización de relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019. El objetivo es restablecer servicios consulares, reactivar trámites administrativos y reinstalar la representación diplomática en territorio estadounidense, según anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Sin embargo, mientras el Gobierno apuesta por recomponer su frente internacional, en el plano interno persisten tensiones. La ONG Foro Penal reportó que al menos 503 personas continúan detenidas por motivos políticos en el país, mientras que más de 11.000 permanecen bajo medidas restrictivas de libertad.

Aunque el Parlamento informó que más de 8.000 personas obtuvieron la libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de transparencia en el proceso y la exclusión de numerosos casos.

Entre ellos, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, denunció el rechazo de su solicitud de amnistía, al igual que la de otros dirigentes políticos y sindicales.

Así, el escenario venezolano se mueve en dos planos paralelos: uno que busca proyectar estabilidad y apertura hacia el exterior, y otro que sigue marcado por disputas internas y reclamos por derechos fundamentales. Un equilibrio delicado, donde cada avance diplomático convive con una deuda pendiente en el terreno institucional.