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Preocupación y alarma

Violación a la libertad de asociación: el régimen de Maduro prepara una ley para controlar a las ONGs

La Asamblea Nacional que responde políticamente a Nicolás Maduro busca controlar a las Organizaciones No Gubernamentales.

Las ONG que hacen vida en Venezuela alzan su voz de alerta ante lo que consideran una nueva amenaza a su existencia, con la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuya segunda discusión y respectiva consulta pública está en marcha, de parte de la Asamblea Nacional que responde políticamente al régimen de Nicolás Maduro.

A través de sus redes sociales, distintas ONG, entre ellas Fundaredes y Justicia, Encuentro y Perdón, alertaron que la norma “viola el derecho humano a la libertad de asociación” a través de sanciones sujetas a requisitos “desproporcionados” y sin criterios definidos de evaluación.

“Dicha ley viola el derecho humano a la libertad de asociación, aumenta el cierre del espacio cívico, tomando represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana, quebrantando los tratados internacionales de DD.HH. suscritos por el Estado y la Constitución”, dijo Fundaredes.

Mientras que Encuentro, Justicia y Perdón recordó que la aprobación de esta norma, que dejaría a las ONG «en una situación de inseguridad jurídica indefinida», ya fue rechazada, nacional e internacionalmente, en febrero del año pasado.

“Con la aprobación del proyecto se impone una desproporción de requisitos para el nuevo sistema de registro, obligatorios y de renovación constante, sin criterios claros de evaluación, ni de garantías de debido proceso que en caso de negaciones haría imposible su cumplimiento, dejando a todas las organizaciones, asociaciones y fundaciones en una situación de inseguridad jurídica indefinida”, asevera.

“Ya en febrero de 2023, cerca de 500 organizaciones y personalidades suscribieron un comunicado en el que advierten que ese control por parte del Estado desconoce las garantías del contenido esencial del derecho y es profundamente abusivo en todos los ámbitos de ejercicio del derecho a la libertad de asociación”, agrega.

Asimismo, alerta que “el proyecto considera ilegal a las asociaciones de hecho; impone fines en actas y estatutos; interviene en la composición de miembros y formas de autogobierno; restringe los ámbitos geográficos de actuación; y dispone la fiscalización del Estado a toda la documentación y las labores de las asociaciones, para supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las que no acaten la ley”.

Otras organizaciones, como Acceso a la Justicia y el Observatorio de Violencias LGBTIQ+, insistieron en que la norma va en contra de estándares internacionales.

Alertan, además, que en el proyecto original contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

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